CON UN LEVE DESCENSO DEL -0,78% AÚN SIGUE AFECTADO POR LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA PANDEMIA.
LOS SERVICIOS DE INTERES GENERAL, DONDE SE INCLUYEN TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS ENERGÉTICOS SUPONEN CASI EL 40% DE LAS INTERVENCIONES.
SANIDAD SE APUNTA UN IMPORTANTE INCREMENTO CERCANO AL 17%
Valladolid, marzo 2022.
La presentación del INFORME “CONSULTAS Y RECLAMACIONES 2021” de la Unión de Consumidores de Castilla y León, resulta imprescindible para valorar y conocer donde encuentra los mayores problemas el consumidor, además de ofrecernos una información relevante sobre hacia qué sectores se dirigen las denuncias, quejas, reclamaciones y consultas de asesoramiento.
Incluso con un descenso del -0,78%, el volumen de intervenciones hace ineludible seguir denunciando las situaciones de inferioridad que en muchas ocasiones encuentran los consumidores para defender sus derechos y legítimos intereses, así como reivindicar a las Administraciones competentes el desarrollo de la normativa existente junto con una mayor efectividad en las inspecciones y sanciones a las empresas que vulneren estos derechos.
Los datos matizan un tanto el descenso respecto al año anterior si bien está circunscrito, en este caso, al apartado de reclamaciones con un -8,55%, dado que en consultas se ha constatado un ascenso (1,58%).
Las materias objeto de evaluación que más aportan alcanzando los dos dígitos, son por este orden, Servicios de Interés General que con un leve ascenso del 0,49% abarca el 38,32% del total y, Servicios Financieros, con la misma tendencia refleja un ascenso del 0,28% y supone un 16,96% del total, tras ellos se sitúa Comercio que se apunta una nueva bajada, ahora del -2,13% y recoge el 10,46% del total de intervenciones.
En cuarto lugar y con uno de los mayores crecimientos (16,11%) se ubica Sanidad, ampliando su participación el total al 9,25%.
En consecuencia y así lo refleja la tabla estadística, el sector Servicios de interés general, sigue ocupando el primer puesto de manera muy destacada; donde la telefonía/ internet – nuevas tecnologías, junto con la electricidad y el gas con su imparable subida de precios, suponen el mayor porcentaje de las demandas contabilizadas.
El segundo puesto es para Servicios Financieros, principalmente en lo que se refiere a las reclamaciones de gastos hipotecarios y por otro en lo relacionado con las clausulas suelo que en vía judicial aún quedan por resolverse un importante número de demandas dado el ingente volumen de ellas en el juzgado especializado.
El tercer lugar lo ocupa Comercio con importante repercusión de las intervenciones relacionadas con el comercio on-line, dado su crecimiento exponencial como consecuencia de la prolongación de la pandemia, lo que confirma un cambio en los hábitos de compra del consumidor.
De nuevo la permanencia de la situación ocasionada por la pandemia y sus repercusiones en unos sentidos o en otros ha condicionado el ejercicio. Así lo comprobamos al ver el grado de afectación de los distintos sectores evaluados. Sin duda Turismo, Sanidad se manifiestan, dados sus incrementos, como los que más dificultades plantean a los consumidores en estas circunstancias.
Del análisis de los datos se desprende como ha continuado aumentando el colectivo de consumidores instalados en una situación de inseguridad y lo que es más acuciante de vulnerabilidad, lo que viene a determinar su comportamiento en el mercado y directamente en su capacidad de gasto.
Por otro lado los consumidores son más conscientes de saber defender sus intereses, buscan información y asesoramiento, y ante esta situación se han “volcado” en la utilización de los medios informáticos y telemáticos; sin embargo y aunque parezca contradictorio, la conciencia asociacionista se mantiene en unos niveles mediocres.
El trabajo desarrollado tanto de defensa como de carácter informativo por nuestro gabinete técnico-jurídico, con todas las dificultades habidas, pone de manifiesto la importancia de una atención personalizada que sigue siendo cada vez más requerida y valorada por el consumidor.
Ante esta situación, sin duda, cada vez se hace más apremiante nuestra reivindicación de una mayor implicación, tanto de los ciudadanos en su condición de consumidores como de las Administraciones públicas acorde a los mandatos tanto constitucional como estatutario en relación con la protección de los derechos de los consumidores y fomento de sus organizaciones representativas; y por otro lado en sus funciones de regulación y supervisión del mercado. Labores imprescindibles como ha quedado demostrado en unas circunstancias tan adversas como las que han seguido caracterizando el ejercicio.
