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CIERRE DE I DENTAL EN VALLADOLID
Valladolid 22 de junio. La Unión de Consumidores de Castilla y León y la Asociación EL Defensor del Paciente han presentado, esta mañana, ante la Fiscalía Provincial de Valladolid, una denuncia frente a la Clínica IDENTAL por un presunto delito de ESTAFA, al haberse obtenido de los pacientes-clientes el pago por unos tratamientos que no se han finalizado, a sabiendas de que no se iban a poder ejecutar y habiendo engañado a miles de pacientes para la obtención de unos beneficios económicos a costa de su buena fe.
En la denuncia se pide a la Fiscalía que investigue los hechos acontecidos desde el año 2015 cuando a través de una extensa campaña publicitaria, IDENTAL ofrecía tratamientos bucodentales a precios muy bajos, presentándose como un “proyecto empresarial de responsabilidad social”, amparada por la colaboración con distintas fundaciones, asociaciones y fundaciones de integración social, que supuestamente subvencionaban los tratamientos a personas de bajos ingresos e incluso con riesgo de exclusión social.
De tal forma que se consiguió captar a numerosos clientes, atraídos por el bajo coste de los tratamientos. Desde el primer momento al paciente se le ofrecía un diagnóstico y un tratamiento, acompañándose de un presupuesto por dicho tratamiento.
Inicialmente, se le informaba del coste “real” del tratamiento, una cantidad elevadísima para la tipología de pacientes que habían acudido al reclamo publicitario: personas con escasos recursos económicos, pensionistas, etc. Una vez se le informaba de este coste inicial del tratamiento, que obviamente no podían asumir, a continuación, se les informaba de la existencia de una subvención o ayuda que iba del 60% a más del 90% , cubriendo de esta manera la mayor parte del coste presupuestado, sin indicar quién ni cómo se subvencionaba.
Con motivo del cierre de sus instalaciones el 13/06/2018, por parte de la clínica se ha dejado a miles de pacientes con sus tratamientos sin terminar. Y lo que es peor, con un contrato que les une indefectiblemente al pago de unas cuotas mensuales a favor de la entidad financiera para el pago de un tratamiento que no se va a finalizar. O, en su caso, con un tratamiento ya abonado, sin que el mismo vaya a ejecutarse por la Clínica.
Además, con el cierre de las instalaciones de la clínica, los pacientes no tienen acceso a su documentación: sus historias clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen y documentación económica relativa al pago de los tratamientos. Documentación que ha quedado en los archivos de la clínica. Con ello, estos miles de pacientes no pueden tampoco acudir a otros profesionales que puedan finalizar los tratamientos que han quedado a medio hacer, dado que es indispensable para ello contar con toda la documentación e información que consta en las historias clínicas de cada uno, incluidas las pruebas diagnósticas por imagen.
Tanto la Unión de Consumidores de Castilla y León como la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ se ponen a disposición para atender a los afectados.
SENTENCIAS: ACCIONES BANCO POPULAR
Dos Juzgados de Valladolid declaran nulo el contrato de adquisición de Acciones de Banco Popular, al entender que existió engaño a los clientes en el Folleto informativo con el que el Banco publicitó la ampliación de capital.
Valladolid 19 de junio. Ante las demandas de sendos asociados de la Unión de Consumidores de Castilla y León, los Juzgados de Primera Instancia nº 7 y nº 8 de Valladolid dictan las primeras resoluciones sobre el engaño en la venta de Acciones de Banco Popular.
Ambos juzgados llegan a la misma conclusión: que se indujo a error a los clientes por la información irreal sobre la situación económica de la Entidad y sobre la solvencia que se publicitaba en el Folleto Informativo de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones, que les llevó a la compra de tales acciones; pues es obvio que de haber conocido la situación real de la Entidad, no habrían adquirido tales acciones. Pues se anunciaba una situación de solvencia con importantes beneficios que no eran reales, datos determinantes en la formación de la voluntad de los clientes para la compra de acciones.
La situación financiera que Banco Popular publicitó en la campaña de ampliación de capital de 2016, presentándose como Entidad “líder” dentro de la banca minorista en España, como solvente y la más rentable indujo a los potenciales clientes a adquirir acciones, amparados en esa confianza que, unos meses más tarde, se demostró que no era real.
En mayo de 2016 Banco Popular lanzó su oferta pública de adquisición de acciones. En agosto de 2016 ya se empezó a comentar en distintos medios de comunicación que Banco Popular atravesaba “problemas” de solvencia y liquidez, y que aquella oferta pública de acciones sólo tenía por objeto “sanear” su balance contable. Estas noticias siguen apareciendo en meses posteriores, hasta que ya en febrero de 2017 Banco Popular reconoce que registra una pérdida contable de 3.485 millones de euros, cubierto con el importe obtenido de la ampliación de capital.
En el mes de abril de 2017 Banco Popular comunica la existencia de “incorrecciones contables”: insuficiencia de provisiones por importe de 123 millones de euros, insuficiencia de dotaciones por importe de 160 millones de euros, posibilidad de dar de baja algunas garantías por importe de 145 millones de euros, entre otros… Y en mayo de 2017 la Entidad bancaria comunica que la situación real de la Entidad no era la que se reflejaba en el Folleto Informativo que el año anterior publicitó la Oferta Pública de adquisición de Acciones, comunicando el riesgo de quiebra inmediata de la Entidad.
Y así, el 7 de junio de 2017 el FROB dicta resolución acordando la liquidación de Banco Popular, reduciendo su capital social a 0 €, y su venta a Banco Santander por 1€. De tal modo que las inversiones de aquellos clientes que optaron a la oferta de adquisición de acciones perdió totalmente su valor.
Ambas resoluciones judiciales condenan a la Entidad a la devolución de la cantidad empleada en la adquisición de las acciones, incrementada con los intereses legales.
