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martes, 20 de Noviembre de 2018

CIERRE DE I DENTAL EN VALLADOLID

 

Valladolid 22 de junio. La Unión de Consumidores de Castilla y León y la Asociación EL Defensor del Paciente han presentado, esta mañana, ante la Fiscalía Provincial de Valladolid, una denuncia frente a la Clínica IDENTAL por un presunto delito de ESTAFA, al haberse obtenido de los pacientes-clientes el pago por unos tratamientos que no se han finalizado, a sabiendas de que no se iban a poder ejecutar y habiendo engañado a miles de pacientes para la obtención de unos beneficios económicos a costa de su buena fe.

En la denuncia se pide a la Fiscalía que investigue los hechos acontecidos desde el año 2015 cuando a través de una extensa campaña publicitaria, IDENTAL ofrecía tratamientos bucodentales a precios muy bajos, presentándose como un “proyecto empresarial de responsabilidad social”, amparada por la colaboración con distintas fundaciones, asociaciones y fundaciones de integración social, que supuestamente subvencionaban los tratamientos a personas de bajos ingresos e incluso con riesgo de exclusión social.

De tal forma que se consiguió captar a numerosos clientes, atraídos por el bajo coste de los tratamientos. Desde el primer momento al paciente se le ofrecía un diagnóstico y un tratamiento, acompañándose de un presupuesto por dicho tratamiento.

Inicialmente, se le informaba del coste “real” del tratamiento, una cantidad elevadísima para la tipología de pacientes que habían acudido al reclamo publicitario: personas con escasos recursos económicos, pensionistas, etc. Una vez se le informaba de este coste inicial del tratamiento, que obviamente no podían asumir, a continuación, se les informaba de la existencia de una subvención o ayuda que iba del 60% a más del 90% , cubriendo de esta manera la mayor parte del coste presupuestado, sin indicar quién ni cómo se subvencionaba.

Con motivo del cierre de sus instalaciones el 13/06/2018, por parte de la clínica se ha dejado a miles de pacientes con sus tratamientos sin terminar. Y lo que es peor, con un contrato que les une indefectiblemente al pago de unas cuotas mensuales a favor de la entidad financiera para el pago de un tratamiento que no se va a finalizar. O, en su caso, con un tratamiento ya abonado, sin que el mismo vaya a ejecutarse por la Clínica.

Además, con el cierre de las instalaciones de la clínica, los pacientes no tienen acceso a su documentación: sus historias clínicas, pruebas de diagnóstico por imagen y documentación económica relativa al pago de los tratamientos. Documentación que ha quedado en los archivos de la clínica. Con ello, estos miles de pacientes no pueden tampoco acudir a otros profesionales que puedan finalizar los tratamientos que han quedado a medio hacer, dado que es indispensable para ello contar con toda la documentación e información que consta en las historias clínicas de cada uno, incluidas las pruebas diagnósticas por imagen.

Tanto la Unión de Consumidores de Castilla y León como la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ se ponen a disposición para atender a los afectados.